En Venezuela, el período 2007-2008 estuvo marcado por un notable incremento de los ingresos petroleros y de los homicidios. En este corto tiempo, el país tuvo riqueza y asesinatos como nunca antes. Una paradoja difícil de entender; una paradoja que se resiste a las explicaciones simples.
El incremento sorpresivo del precio del barril de petróleo, durante los meses de julio de 2007 a julio de 2008, trajo al país una cantidad de recursos difíciles de imaginar por el ciudadano común. Para un país que vive de la renta petrolera eso significó, nuevamente, una gran riqueza caída del cielo, pues no hubo aumento ni en la producción, ni en la productividad, sino en la renta. Entre 1998 y el año 2008, los precios del petróleo se multiplicaron por doce y el número de homicidios se multiplicó por tres.
Este escándalo de muertes sin sentido se encuentra acompañado de un notable silencio oficial. Hay un mutismo escandaloso de cifras y políticas públicas. Las autoridades responsables de las políticas de seguridad ciudadana no han mostrado al país ni sus archivos, ni sus posiciones para explicar ese desmedido y doloroso aumento de la violencia en Venezuela.
Hace unos años, Venezuela no aparecía en los anales de violencia y hoy en día es, junto con El Salvador, uno de los dos países más violentos de América Latina; más que Colombia y mucho más que Brasil y México, naciones con las cuales solíamos compararnos en estas contabilidades. Caracas es, con creces, la capital más violenta de América Latina.
Esta dura realidad amerita explicaciones adecuadas, para poder entender lo que sucede y para poder contribuir a atenuar el dolor de tantas madres y tantos hijos que ven morir a sus familiares. Ése es el propósito de este libro y de las múltiples miradas que aquí se aportan: sociólogos, psicólogos, abogados, criminólogos, estadísticos, politólogos, comunicadores sociales, todos colocan, desde su experiencia y experticia, su grano humilde de arena para describir, comprender y explicar la reciente epidemia de violencia en Venezuela.
Para estudiar la violencia se utilizaron múltiples herramientas de investigación científica: se hizo una encuesta por muestreo en 21 estados del país, en julio de 2008, en la cual se le preguntó a personas que fueron seleccionadas en sus casas acerca de sus experiencias y opiniones sobre la violencia. Se llevaron a cabo entrevistas en grupos focales en siete ciudades, con personas de los sectores D y E, los más pobres de la sociedad. Se reporta la observación directa de quienes trabajan y están en contacto con víctimas y victimarios en las zonas violentas; y se utilizó, también, la observación participante de quienes no sólo trabajan, sino que además viven y duermen, compartiendo sueños y riesgos, con la población de los barrios populares, que son los espacios donde se comete el mayor número de asesinatos del país.
Este libro es el fruto de un sostenido trabajo de colaboración entre grupos de investigación de las universidades nacionales. Por un lado, es el resultado de un proyecto de trabajo de grupos que han recibido apoyo financiero del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT) y que ha permitido el encuentro, diálogo y polémica, pero siempre cooperación científica, amistosa y respetuosa, entre tres instituciones: el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Instituto de Criminología Lolita Aniyar de Castro de la Universidad del Zulia (LUZ) y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). En ese trabajo han sido figuras centrales por la Universidad Central de Venezuela, los profesores Elsie Rosales y Carmelo Borrego, actual director del Instituto de Ciencias Penales, y las profesoras investigadoras Carmen Luisa Roche, María Josefina Ferrer, Gilda Núñez y Neelie Pérez. Por la Universidad del Zulia, los profesores investigadores Alexis Romero, Raima Rujano y Miguel Ángel Romero, así como Jesús Enrique Párraga, actual director del Instituto de Criminología. Y por LACSO, los profesores Olga Ávila, Alberto Camardiel, Verónica Zubillaga y quien esta nota escribe.
Adicional a este grupo de trabajo se conformó, con el aporte de otras dos universidades nacionales, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Estas dos casas de estudio fueron la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y la Universidad de Oriente (UDO), a través de la Dirección de Cultura del Núcleo de Cumaná y del Departamento de Medicina Preventiva y Social del Núcleo de Ciudad Bolívar. Con ambas instituciones se procuraba incrementar la experticia, así como tener una visión más completa del país, al incluir en los análisis a dos zonas importantes como son el oriente del país y la frontera colombo-venezolana.
Todos ellos participan y contribuyen, con sus ideas y experiencias, en este libro. Pero hay otros autores, pues quisimos incluir en estas páginas el aporte de investigadores y profesores universitarios, expertos en el área de violencia y sociedad, como son el doctor Alejandro Moreno (UCV), sacerdote y psicólogo, con años viviendo en un barrio, autor de dos importantes libros sobre violencia; las doctoras Gloria Perdomo y Helen Ruiz, con años de experiencia en la protección de los jóvenes y niños; el doctor Francisco Rodríguez, de la Escuela de Medicina de la UDO, estudioso de la relación entre salud y sociedad; la doctora Gladys Villarroel (UCV), experta en cultura política y democracia; y la socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), María Teresa García-Ponte.
Se incorporan, también, un estudio sobre armas de fuego que presenta el sociólogo Luis Cedeño, actual director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC), y otro sobre la representación de la violencia en la ciudad en el cine venezolano, que escribió la socióloga Belkis Suárez y que forma parte de la tesis doctoral que realiza en una universidad norteamericana. Adicionalmente, quisimos incluir la contribución de comunicadores sociales que cubren la fuente de sucesos para importantes medios de la prensa escrita nacional: Javier Ignacio Mayorca de El Nacional; María Isoliett Iglesias de El Universal y Carmen Julia Viloria de El Impulso (Barquisimeto). Ellos están diariamente en contacto con los crímenes, las víctimas y los victimarios; ellos escuchan y nos trasmiten en sus escritos el llanto de los familiares, la rabia de los sobrevivientes, el reclamo de los vecinos.
La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial. Múltiples y complejas han de ser, también, las miradas interpretativas y las respuestas que deben darse para su prevención y control. El país reclama detener la epidemia de violencia, pero desea, mucho más allá, la paz. Una cultura de la paz que no es sólo la ausencia de la guerra o de la muerte intencional, sino también la construcción de la convivencia y el reencuentro entre los individuos de cualquier tendencia política, preferencia ideológica o posición social. Venezuela ha tenido la dicha de contar con años de bonanza económica que han debido traducirse en bienestar y desarrollo sustentable, en inclusión y dignidad para las personas, en paz y vida. Los resultados son escasos; el balance es negativo; la tarea sigue pendiente.
Roberto Briceño-León
Saint Antony’s College,
Oxford, 20 de octubre de 2008
1. Véase World Report on Violence and Health, 2002.
2. Véase OPS, 1995.
3. Véase WHO, 2005, pág. 5.
4. Véase Briceño-León y otros, 1997, pág. 198.
5. Véase OPS, 2006.
6. Véase Cruz, 1999; Briceño-León y otros, 1998.
7. Véase Moser y Shrader, 1998.
8. Véase Rubio, 1999.
9. Véase Cerqueira e Lobão, 2004.
10. Véase Concha-Eastman, 2000.
11. Véase Briceño-León, 2005.
12. Véase Briceño-León, 2008.
13. Véase Londoño y Szekely, 1997.
14. Véase OIT, 2006.
15. Véase CELADE, 2004.
16. Véase OIT, 2002.
17. Véase UN-Habitat, 2003; Abramo, 2003; Bolívar, 1995.
18. Véanse Márquez, 1999; Zubillaga, 2003.
19. Véase Small Arms Survey, 2004.
20. Véase Brackstone, 1999, pág. 141.
21. Véase OMS, 2003, pág. 5.
22. Ídem.
23. Véase Briceño-León y otros, 1997.
24. Véase OMS, 2003, pág 7.
25. Ídem.
26. San Salvador, El Salvador; San José, Costa Rica; Cali, Colombia; Caracas, Venezuela; Salvador de Bahía y Río de Janeiro, Brasil; Santiago, Chile y Madrid, España.
27. Véase Bandura, 1986.
28. Véase Briceño-León, 2007, pp. 19-21.
29. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pág. 109.
30. Ídem.
31. Modificado por el Dr. Méndez Castellanos.
32. Centros poblados con más de 2.500 habitantes.
33. Véase Skogan, 1990, pág. 262.
34. Este autor afirma que el efecto de este fenómeno puede aumentar entre un 40% y un 50% el conteo de los incidentes de victimización, dependiendo del tipo de crimen. En los crímenes violentos el «acercamiento» es mayor.
35. Los pesos son constantes especificadas para cada individuo que se obtienen tomando en cuenta las probabilidades de selección en cada una de las etapas consideradas y el ajuste por no respuesta diferenciada por estrato.
36. Se diferencia entre población de inferencia, población del marco, población objetivo y población de la encuesta. Esta última se refiere a la población efectivamente alcanzada con la encuesta y difiere de la población del marco debido a la no respuesta, las negativas a responder y las ausencias de los entrevistados entre varias otras causas.
37. Véase Christensen, 1997.
38. El valor P del estadístico X2 se define como Pr(χ2>Valor observado en la muestra del estadístico X2), en donde X2 sigue una distribución χ2 con (I-1)(J-1) grados de libertad e I y J respectivamente de filas y columnas de la tabla de contingencia.
39. Se desempeña en Sistemas Penales, Instituto de Ciencias Penales y Universidad Central de Venezuela.
40. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre desarrollo humano 2005.
41. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 19.
42. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 19.
43. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 20.
44. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 2.
45. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 29, 30 y otros.
46. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 26.
47. Sobre este problema de la impunidad y el acceso a la justicia penal en Venezuela da cuenta el estudio Sistema Penal y Acceso a la Justicia, desarrollado dentro de las investigaciones de Sistemas Penales aliadas en el Proyecto Cooperativo LACSO-LUZ–UCV y publicado por CDCH UCV 2008.
48. Sucre 1987. «Introducción». En Picón Salas 1987: IX.
49. Linz 1987[1978]: 17.
50. Véase Goodman y otros, 1995, pp. 3-11.
51. Coppedge (1994, pág. 18) dice: «Una partidarquía es una democracia en la cual los partidos políticos monopolizan el proceso político formal y politizan la sociedad de acuerdo a lineamientos partidistas».
52. Véase Carrera Damas, 1998, pp. 206-207, 214.
53. Véase Linz, 1987, pág. 26.
54. Véase Diamond, 1999, pág. 65.
55. De acuerdo con Weber (1997, pág. 172), la legitimidad de carácter racional es aquella que «…descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)».
56. Karl (1997, pp. 54-64), afirma que la explotación del petróleo, eventualmente, puede favorecer el desarrollo de un estado predador, institucionalmente débil y con poca autoridad política, al tiempo que estimula el desarrollo de una psicología rentista en el sector público y en el sector privado, la cual admira y premia los comportamientos de búsqueda de renta, en lugar de estimular actividades más productivas.
57. Se denomina representaciones políticas a las producciones cognoscitivas y simbólicas referidas a la política, desarrolladas en las interacciones cotidianas por individuos y grupos sociales. Se trata de conjuntos organizados de creencias, valores y orientaciones que hacen inteligible la política y permiten al sujeto relacionarse con ésta. Villarroel, 2001, pág. 23.
58. Véase Goodman y otros, 1995, pág. 5.
59. Véase Villarroel, 2001, cáp. 4, pp. 107-127 y cáp. 8, pp. 239-286.
60. Véase Durán, 2004, pág. 18.
61. Véanse Paz, 2000; Paz 1983, pp. 94, 96.
62. Véase Picón Salas, 1987, pág. 70.
63. Véase Caballero, 1998.
64. Véase Mires, 2007.
65. Véase Shamis, 2006, pág. 21.
66. Véase Mclean, 1996, pág. 392.
67. Véase Arenas y Gómez Calcaño, 2006, pp. 79-82, 139-155.
68. Véase Mires, 2007, pp. 193-211.
69. Sartori (1994, pág. 21) se refiere a estiramiento o chapucería conceptual cuando el uso indiscriminado de ciertos conceptos hace que pierdan su sentido, conduciendo el análisis a falacias y resultados fútiles.
70. Véase Krauze, 2003, pp. 203-205.
71. Véase Madueño, 2002, pp. 59-60.
72. Véase Roberts, 2003, pp. 75-95.
73. Véase Arenas y Gómez Calcaño, 2006, pág. 155.
74. Véase Shamis, 2006, pág. 21.
75. Véase Shamis, 2006, pág. 32.
76. Véase Moore, 1995. Resonancias del Nuevo Mundo. México, Vuelta. En Krauze, 2003, pág. 226.
77. En realidad, el término no aparece definido en diccionarios especializados, ni en los dos tratados de sociología política consultados para la realización de este trabajo. Véase, por ejemplo, Mclean, 1996; R. E. Dowse, 1990, Sociología Política, Madrid, Alianza; J. Lagroye, 1994, Sociología Política, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
78. Véanse Ellner, 2003, pág. 38; Roberts, 2003, pp. 88-94.
79. Según Eisenstadt (1999, pp. 18-41), la cultura moderna está atravesada por varias y profundas contradicciones de origen histórico y de orden ideológico. Así las teorías políticas de la antigüedad al lado de las tradiciones republicanas que emergieron posteriormente; la autonomía del individuo y la legitimidad de los intereses privados; la tensión entre concepciones constitucionalistas o participativas de la democracia; diferentes énfasis en la libertad o la igualdad; concepciones diversas relativas al papel de la razón en la vida y las sociedades humanas; y referidas a las oposiciones entre reflexividad y construcción activa del mundo.
80. En las ciencias políticas contemporáneas, el «jacobinismo» define creencias políticas basadas en una visión totalista y centralista. Se atribuye por igual a movimientos de izquierda y de extrema derecha. Véase Mclean, 1996, pág. 256. Un desarrollo más detallado de estas ideas respecto a Venezuela en Villarroel, 2003, pp. 63-93.
81. Véase Popper, 1981, pp. 180, 184-185, 193, 224-225.
82. Por occidentalismo se entiende el conjunto de creencias, sentimientos y valores que contienen una imagen deshumanizadora de Occidente, vacía de contenidos espirituales, según la cual la civilización occidental es considerada desarraigada, cosmopolita, superficial y materialista, en suma, una civilización mecanicista y arrogante sin espacio para el alma humana. Véase el magnífico ensayo Occidentalismo de Buruma y Margalit, 2005.
83. Véase Urbaneja, 1993, pp. 151-181.
84. Véase Carrasquero, Varnagy y Welsch, 2003, pp. 95-117. Véase también Villarroel, De Armas y Brito Afonso, 2004, pp. 181-193 y Villarroel, 2001, pp. 189-197, 252-253.
85. Véase Picón Salas, 1987, pp. 17-18.
86. Véase Picón Salas, 1987, pág. 85.
87. Véase Tocqueville, 1995, pág. 271.
88. Véanse Burleigh, 2004, pág. 54 y ss.; así como Boudon y Bourricaud, 1994, pp. 624-626.
89. Véase Arendt, 1982, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza.
90. Véase Arendt, 1982, pág. 546.
91. Ídem., pág. 474.
92. Ídem., 1982, pág. 475.
93. Ídem., 1982, pág. 485.
94. Ídem, 1982, pp. 600, 602, 610.
95. Ídem., 1982, pág. 443.
96. Ídem., 1982, pág. 601.
97. Ídem., 1982, pp. 601-602.
98. Ídem., 1982, pág. 612.
99. Véase Tocqueville, 1985, pág. 266.
100. Sobre los orígenes del personalismo político en Venezuela véase el esclarecedor trabajo de Elías Pino Iturrieta Nada sino un hombre, publicado en 2007. Es particularmente revelador el análisis del personalismo en Bolívar, pp. 77-105.
101. Véase McLean, 1996, pág. 501.
102. Véase Boudon y Bourricaud, 1994, pp. 626-634.
103. Véanse Needler, 1991, pp. 13-20; Furet 1999.
104. Needler, 1991, pág. 14.
105. Ídem., pág. 16.
106. Ibídem.
107. Furet, 1999, pág. 157.
108. Ídem., pág. 161.
109. Véase Myers y McCoy, 2003, pp. 41-74.
110. Véase Zakaria, 2003, pp. 96-97.
111. Véase Furet, 1999, pág. 157.
112. INE, 2008.
113. Véase capítulo 2.
114. Los sujetos A y B fueron objetos de victimización repetida (Multivictimización) por el mismo delito y el sujeto B fue objeto además de victimización por dos delitos (Polivictimización).
115. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pp. 109-128.
116. Véanse comentarios al respecto en el capítulo anterior.
117. Baste considerar que para estimar un atributo dicotómico cuyo valor poblacional expresado como tasa sea igual, por ejemplo, a 50 por 100.000 personas, con un error de 10 por 100.000, es decir con un error que nos permita afirmar que el intervalo confidencial de 40 a 60 por 100.000 cubrirá el valor poblacional con una confianza del 95%, es bajo muestreo aleatorio simple igual a 191.984 personas. Para contar con ese número de individuos si cada hogar tiene en promedio 4,5 personas necesitaríamos contactar efectivamente a 42.663 hogares.
118. CONAREPOL, 2006, pág. 12.
119. El tamaño de muestra de la Encuesta Nacional sobre el Crimen y Victimización de los EUA (NCVS por sus siglas en inglés) comenzó en el año 1972 con un tamaño de 72.000 hogares, pero para el año 2006 se encuestaron 38.600 hogares (NRC, 2008, Pág. 155) y la Encuesta Internacional del Crimen y Victimización del UNICRI de la ONU entrevistó a 135.465 personas en 56 países en la versión 1996-97 (Ibíd., Pág. 185).
120. El hogar se define como el conjunto de personas que habita la vivienda y que hacen vida en común para satisfacer necesidades de alimentación, alojamiento y otras propias de vida en grupo.
121. CONAREPOL, 2006, pág. 10.
122. En su versión modificada por el Dr. Méndez Castellano.
123. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pp. 169-184.
124. Véase CONAREPOL, 2006, pág. 18.
125. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pp. 149-150.
126. Véase EVIPSV-2007, pp. 144-145.
127. El resultado de la prueba Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia para los factores considerados en el cruce arrojó un valor P=0,005.
128. Véase Camardiel y Ávila, 2007, pág. 154.
129. Índice de denunciabilidad=(Número de delitos denunciados/Total de delitos)*100.
130. Véase CONAREPOL, 2006, pág. 12.
131. Ídem, pág. 7.
132. El resultado de la prueba Ji-cuadrado de independencia para los factores considerados en el cruce arrojó un valor P=0,02
133. En este caso, el resultado de la prueba Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia produjo un valor P=0,008
134. Véase Farral y otros, 2000.
135. Véase Romero Salazar, 2002.
136. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
137. Véanse Aniyar, 1991; Pegoraro, 2002; Cisneros y Zubillaga, 1997; Briceño-León, 2007.
138. Véase Camardiel, Ávila y Briceño-León, 2007.
139. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
140. Véase Briceño-León, 2007.
141. Véase Merton, 1965.
142. Véanse Rosales y Aniyar, 2007; Rosales, Borrego y Núñez, 2008.
143. Véanse Habermas, 1996; O'Donnell y otros, 2002.
144. Véase LaFree, 1998.
145. Véase Camardiel, Ávila y Briceño León, 2007.
146. Véase CONAREPOL, 2007.
147. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
148. Véase Insulza, 2008.
149. Véase Observatorio Venezolano de Prisiones, 2008.
150. Véase Hobbes, 1998.
151. Véase Weber, 1977.
152. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
153. Véanse Foucault, 1975; Garland, 1990.
154. Véase ICPS, 2008.
155. Véanse Rosales y Aniyar, 2007; Rosales, Borrego y Núñez, 2008.
156. Véase Hart, 1968.
157. Véase Zaibert, 2005.
158. Véase Levi-Strauss, 1964.
159. Véase Marcel Mauss, 1950.
160. Véase Durkheim, 1967.
161. Véase Gibbs, 1975.
162. Véase Garland. 2006.
163. Véase Pogarsky y Piquero, 2003.
164. Véase Wrigth y otros, 2004.
165. Véase Karstedt, 2007.
166. Véase capítulo 11 de este libro.
167. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
168. Véase Beccaria, 1973.
169. Véase OPS/OMS, 2002.
170. Véase UNESCO, 2005.
171. Véase Small Arms Survey, 2007.
172. Véase Zubillaga y Briceño-León, 2001.
173. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
174. Véase Camardiel, Ávila y Briceño-León, 2007.
175. Véase Laca, 2005.
176. Véase Briceño-León y otros, 2002b.
177. Véase Briceño-León y otros 2002a.
178. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
179. Véase Mendoza y Torres, 2003.
180. Véase Briceño-León y otros, 2002.
181. Véase OMS/OPS, 1996.
182. Véase Gabaldón, 2002.
183. Véase Informe Provea, 2007.
184. Véase Gabaldón, 2007.
185. Véase Romero y Rujano, 2007.
186. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
187. Véase Salazar, 1999.
188. Véase Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2006.
189. Ídem.
190. Véase Briceño-León, 2002.
191. Véase OMS/OPS, 1996.
192. Véase Briceño-León y otros, 2002.
193. Véase OVV, 2007.
194. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
195. Véase Briceño-León y otros, 2002.
196. Recordaremos que cuando se menciona «asociación estadísticamente significativa» o alguna frase equivalente en este libro, la misma está referida al empleo de la prueba de significación Ji-cuadrado de homogeneidad de proporciones o de independencia de los factores considerados en la tabla de contingencia respectiva.
197. Los datos que se presentan provienen de la investigación «Violencia Urbana y Justicia Penal en Venezuela», desarrollada conjuntamente por el Laboratorio de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, en el marco del Programa de Proyectos Asociativos financiados por FONACIT.
198. Los tres se desempeñan en la línea de Investigación sobre Violencia, Instituto de Criminología. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. E-mail: romeros@cantv.net
199. Véase Romero y otros, 2001, 28.
200. Véase Romero y otros, 2001, 29.
201. Véase Briceño-León, 2007
202. Véanse WHO, 1999; Londoño y Guerrero, 2000.
203. Véase WHO, 2002.
204. Véase Activa, 1998.
205. Véase Navarro, 2002.
206. Desde una perspectiva de salud pública, el enfoque dominante es el de desarrollar el cálculo de AVPP (años de vida potencial). «Este enfoque supone estimar el número de años de vida perdidos como consecuencia de muertes prematuras causadas por hechos delictivos violentos, medidos como la diferencia entre la edad al momento de la muerte violenta y la esperanza de vida de los individuos afectados en la sociedad en cuestión» (Navarro, 2002: 60).
207. Un paso adicional puede encontrarse en los intentos por asignar un valor estrictamente económico a los años de vida perdidos. Para ello se supone que la víctima habría producido ciertos bienes durante su vida útil, y por lo tanto se produce un costo para la sociedad en términos de producción perdida.
208. Véase Parra, 2000ª, pág. 418.
209. Véase Romero Salazar, 2002.
210. OPS, 1900, cap. 11, pp. 1-7.
211. Véase Montagu, 1970, pág. 146.
212. Citado por Scuardelli, 1977, pág. 59.
213. Véase Bandura, 1973.
214. Véase Bandura, 1986, pág. 25.
215. Véase Eron, 1987.
216. Véase Charon, 1985, pág. 39.
217. Véase Mead, 1934, pág. 62.
218. Véase Vara, 2006.
219. Véase Bandura, 1973.
220. Véase Berkowitz, 1964.
221. Véase Bandura, 1973.
222. Véase Mead, 1963.
223. Véase Eron, 1987.
224. Véanse Buvinic, Morrison y Orlando, 2005.
225. Véase Eron, 1987.
226. Véase Larrain y otros, 1997.
227. Véase Briceño-León y otros, 1997.
228. Periodista. Especializado en criminalística. Desde 2004 cubre la fuente de sucesos para el diario El Nacional. Premio Nacional de Periodismo, 1997.
229. Entrevista a Douglas Bello, 20 de agosto 2008.
230. Iglesias, María Isoliett: 430 personas han sido plagiadas en Venezuela durante 2008. El Universal, 5 de octubre de 2008. Obtenido de La Guía: http://www.guia.com.ve/noti/29569/430-personas-han-sido-plagiadas-en-venezuela-durante-2008
231. MAYORCA, Javier Ignacio: Plagiarios usan Internet para investigar a víctimas. El Nacional, 9 de junio de 2008. Ciudadanos, pág. 6.
232. Profesora-investigadora de la Universidad Simón Bolívar (USB); Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e investigadora asociada al Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en Caracas.
vzubillaga@usb.ve; vzubilla@reacciun.ve veronicazubillaga@cantv.net
233. Socióloga, Universidad Católica Andrés Bello. mt_gap@hotmail.com
La investigación en curso sobre la cual se basa este artículo se realizó gracias al sostén financiero del Decanato de Investigación y Desarrollo (DID) de la Universidad Simón Bolívar; y del Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, Venezuela.
234. Véase CISOR, 2006.
235. Véase Dreyfus y Fernández, 2008.
236. Entre los años 1997 y 2004 las muertes por violencia pasan de 40% a 60% (CISOR, 2006). Esta cifra es más alta que la registrada en El Salvador, donde se contabiliza un porcentaje considerado como muy elevado de muertes por causas externas; esta cifra disminuyó de 58,1% a 51,4% entre 1998 y 2000 (Dowdney, 2005:108).
237. Estudios epidemiológicos realizados en el pasado —no se han realizado estos estudios desde el año 2001 (PROVEA, 2005) — han develado que el 95% de las víctimas de homicidios son hombres; el 69% tenía entre 15 y 29 años. Las víctimas han muerto cerca de sus casas (83%), durante riñas en espacios públicos (55,4%) y el arma utilizada ha sido una de fuego (92%) (Sanjuán, 1999; 2000).
238. Se realizó una revisión de prensa que tomó en cuenta dos periódicos de emisión nacional, El Nacional y Últimas Noticias. Se seleccionaron de 96 artículos publicados entre los años 1997- 2007, mediante la búsqueda digital a partir de palabras clave (delincuente, malandro, hampa, exterminio, homicidio), para su posterior lectura sistemática y análisis del contenido.
239. La primera encuesta fue realizada en el año 1996 por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en Caracas; la segunda, la encuesta de Violencia y Sistema de Justicia Penal realizada en el año 2004, fue hecha en varias ciudades del país por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO); el Instituto de Ciencias Penales de la UCV y el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia. Por último, las dos encuestas efectuadas durante los años 2007 y 2008, en el marco del Observatorio Venezolano de Violencia, por el Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO; la Universidad del Zulia; la Universidad Católica del Táchira y la Universidad de Oriente.
240. Explicitamos que en este ensayo nos centramos en esta complejidad discursiva; en otros espacios nos hemos dedicado a discutir los procesos que distinguimos en el auge de la violencia urbana en el país (ver Briceño-León y Zubillaga, 2002) o también las categorías de las Ciencias Sociales para examinar estos procesos (ver Briceño-León y Zubillaga, 2003).
241. Véanse Wieviorka, 2004; Downey, 2005.
242. Véase Wieviorka, 2004; 1997.
243. Véanse Soares, 1996; Zaluar, 1997.
244. La seguridad personal sigue siendo un tema pendiente y constituye el problema que más agobia a la población, como se revela sistemáticamente en encuestas de opinión (PROVEA 2006).
245. Véase Gill, 2000.
246. La metáfora de la «construcción» definida en tres facetas: el discurso entendido como elaboración permanente, relacionado a un acervo lingüístico o discursivo pre-existente; como medio fundamental para definir y en consecuencia «objetivar» los hechos (en el contexto de la dialéctica entre los objetivo y lo subjetivo); como versión de los hechos (subjetivos-objetivos) que comprende una selección particular en medio de otras versiones o posibilidades.
247. Véase Austin, 1962.
248. Véase Gill, 2000.
249. Véase PROVEA, 2006.
250. El Nacional, 15 de agosto de 1999.
251. «Los linchamientos sólo traen más violencia», abril 1999; Permiso para linchar, mayo 1999. La organización de derechos humanos PROVEA denunció precisamente las campañas de candidatos que: «han realizado declaraciones que constituyen apologías a la violación de los Derechos Humanos». Esta organización destaca que «en un volante de campaña se señala: el único malandro bueno es el malandro muerto». La misma organización señala que otro candidato: «aseguró que los delincuentes lo respetarán por las buenas o por las malas y ...luego que no vengan a llorar y a hablar de derechos humanos pues los policías también los tienen. (El Universal, 08.06.00, Pág. 4-16)» (PROVEA, 2000).
252. El Nacional, 17 de agosto de 1999.
253. El Nacional, 29 de agosto de 1999.
254. Se trataba de un artículo de opinión, del presidente de la organización «Luces contra el hampa». Éste escribió: «El tema de los derechos humanos tiene a los venezolanos enfurecidos. (…) «Primero el criminal», parece ser la consigna, y por último, en tercera clase, las víctimas... el pueblo que respeta la ley y depende de la protección del Estado. (…) Pienso que las organizaciones de derechos humanos tienen que adaptarse a la realidad venezolana…». El Nacional, 6 de febrero de 2000. Ya desde 1996, en prensa se reaccionaba frente a esta asociación: «El pretendidamente democrático discurso de «Luces contra el Hampa» sesga, parcializa y privatiza el asunto público al cual intenta dar respuesta, al tiempo que propone soluciones incompatibles con la democracia y el Estado de Derecho». El Nacional, 30 de noviembre de 1997.
255. Últimas Noticias, 16 de diciembre de 2004.
256. El Nacional, 21 de enero de 2006.
257. Los jóvenes varones de sectores populares han sido tradicionalmente el blanco principal de los temores de la población en América Latina y, sobre todo, los sujetos fundamentales de las «detenciones arbitrarias» de las fuerzas policiales del Estado. (ver Gingold, 1992; De Freitas, 1995; Reguillo, 2001, por citar sólo algunos). Sin embargo, el exceso de muertes de hombres jóvenes denunciadas como Violación al Derecho a la Vida o clasificadas como Muertes por resistencia a la autoridad, constituye la particularidad venezolana con la entrada en el nuevo siglo.
258. El Nacional, 4 de junio de 2001: «Ese muchacho Jimmy era tremendo choro, vinculado con el robo de autos. Incluso, su papá también era una ratica».
259. Ultimas Noticias, 27 de enero de 2003: «Dos aberrados ultrajaron a una mujer de 40 años».
260. El Nacional, 1 julio de 2007: «Delincuencia diabólica».
261. En una entrevista telefónica realizada a un «supuesto integrante del Grupo Exterminio» aparecida en el diario El Nacional, éste afirmó: «sin excepción, todas las personas que hemos ejecutado eran delincuentes (…) Ese muchacho Jimmy era tremendo choro, vinculado con el robo de autos. Incluso, su papá también era una ratica». Cuando habló sobre quienes integraban el grupo afirmó: «Lo que sí te puedo decir es que cualquier ciudadano decente puede ser un integrante del grupo». El Nacional, 4 de Junio de 2001.
262. El Nacional, 19 de septiembre de 2000.
263. Véase Gingold, 1992, pág 16.
264. Véase Wieviorka, 2004, pág. 275.
265. Véase Vacquant, 1992, pág. 47.
266. Véase Zubillaga, 2005; 2007.
267. Véase Duque, 1999.
268. En testimonios de jóvenes varones de vidas de violentas, (Zubillaga, 2005), se revela que la ausencia de seguridad pública, la presencia de armas en su entorno cercano y las dinámicas de violencia armada en sus comunidades se experimentan subjetivamente como desamparo. Los jóvenes desde muy temprano incorporan el sentido de vivir en un mundo de antagonismo puro y bajo la ley del más fuerte. En este ámbito, se define a la acción violenta como una respuesta apreciada, y para sobrevivir, será menester armarse y constituirse en defensores personales en sus territorios.
269. Véase Zubillaga, 2005.
270. Últimas Noticias, 13 de febrero de 1998.
271. El Nacional, 18 de febrero de 2000.
272. El Nacional, 5 de marzo de 2001.
273. Últimas Noticias, 30 de marzo de 2002.
274. El Nacional, 5 de marzo de 2001.
275. El Nacional, 23 de julio de 2001.
276. El 4 de mayo del año 2001 se reportó en el diario El Nacional: «De acuerdo con las investigaciones adelantadas por funcionarios de la Policía Técnica Judicial para esclarecer unos 90 asesinatos ocurridos en el estado Portuguesa, se determinó que desde septiembre del año pasado se iniciaron los ajusticiamientos extrajudiciales. De estos hechos se sindican a efectivos de la policía estatal que supuestamente integran un grupo denominado Exterminio (…). El Nacional, 4 de mayo de 2001.
277. «Fuentes vinculadas a la investigación que en estos días se realiza en las principales ciudades del estado Portuguesa, revelan que el grupo Exterminio recibía importantes contribuciones de parte de empresarios locales». El Nacional, 31 de mayo de 2001.
278. Véase Briceño-León y otros, 2002.
279. Véase Briceño-León y Ávila, 2007.
280. Véase PROVEA, 2005.
281. Ídem.
282. Cálculos realizados a partir de los datos aparecidos en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos. Informe Anual, Octubre 2004/Septiembre 2005. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. Caracas (PROVEA 2005).
283. Véase PROVEA, 2005.
284. «Se considera que es normal encontrar un número mayor de civiles que de policías muertos en enfrentamientos –debido a su capacitación específica y medios para su protección– si esta tasa es muy elevada introduce sospechas sobre el uso excesivo de la fuerza y el rol que la policía estaría cumpliendo en el incremento de la violencia» (Palmierin, Ales, y Donza, 2002: pág. 9).
285. Véase Palmierin, Ales y Donza, 2002.
286. En el conocido trabajo de la antropóloga Teresa Caldeira (2000), ésta destaca que en el también conocido estudio de Paul Chevigni sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía (1995), el autor afirma que «al comparar la violencia policial en seis regiones en las Américas (incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México y Jamaica), Chevigni encontró muchos tipos de abuso (especialmente tortura, corrupción y uso excesivo de la fuerza letal), pero no logró encontrar ninguna otra situación que se aproximara a la de Sao Paulo en las décadas de 1980 y 1990.» (Caldeira, 2000: pág. 197).
287. Véase Caldeira, 2000, pág. 197.
288. Datos elaborados por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos, UCV a partir de los datos del Ministerio de Interior y Justicia y el CICPC (PROVEA, 2005).
289. Véase Briceño-León y otros, 1997.
290. Véase Briceño León y Ávila, 2007.
291. Al hablar de estilo de vida queremos subrayar el hecho de que se vincula con el hacer y el ser en un período de tiempo biográfico determinado. En este sentido, no hablamos de jóvenes violentos, como si fueran esencialmente violentos; queremos subrayar la posibilidad de transformación de los estilos de vida sostenidos en el tiempo: de trayectorias de vidas violentas a trayectorias de vidas no violentas.
292. A pesar de que existen algunos esfuerzos de institutos y fundaciones públicas o privadas y ONGs, estas iniciativas lucen insuficientes para enfrentar esta situación (Cecodap; 2005; Dowdney, 2005). Las políticas estatales para enfrentar la violencia en la ciudad se han caracterizado por ser operaciones policiales represivas desarticuladas y puntuales con visión de corto plazo (Provea, 2005; Provea, 2007).
293. Véase Barker, 2005.
294. «Fiscalía y ONG difieren sobre disminución de ajusticiamientos», es el titular de un artículo en prensa. El Nacional, 12 de noviembre de 2006.
295. Véase PROVEA; 2007.
296. Véase CONAREPOL, 2007.
297. Véase El Achkar, 2007, pág. 512.
298. El Nacional, 21 de mayo de 2007.
299. El Nacional, 22 de julio de 2007.
300. El Nacional, 02 de noviembre de 2006.
301. Lamentablemente, al año siguiente el nuevo Ministro de Interior y Justicia desestimó el trabajo de la Comisión y subrayó el: ««carácter de derecha» que tiene el diagnóstico de CONAREPOL, que supuestamente se aleja del sistema socialista por instaurarse en Venezuela». El Nacional, 03 de mayo de 2007. Sin embargo, los resultados de este estudio han seguido siendo debatidos y referidos.
302. Esta sección presenta reflexiones preliminares de una investigación en curso.
303. Véanse también Fernández, 2006; Narváez Piña, 2007.
304. El Hip-Hop es un movimiento cultural que emana de los guetos negros norteamericanos del Bronx y del Harlem desde fines de los años setenta. A partir de los años ochenta este movimiento ha tenido una importante expansión entre grupos de jóvenes de sectores subalternos en Inglaterra, Francia, África y ha tenido un importante arraigo para denunciar la injusticia vivida entre jóvenes del Caribe, y notablemente en Venezuela (ver Bodson, 2000; Basu y Lemmelle, 2006; Fernández, 2006; Narváez Piña, 2007). En Venezuela este movimiento cultural comienza a hacerse visible desde los años ochenta a través del Rap y el breakdance, pero es sólo en los noventa cuando comienza a hablarse de la Cultura Hip-Hop (Sainz, 2006). Los jóvenes, apropiándose de este «recurso cultural» tematizan sus vivencias y las convierten en discurso musical a través del Rap.
305. Ver (http://www.eltiuna.org/node/1441).
306. Utilizaré el término malandro sin entrecomillarlo porque está reconocido por el DRAE (2001) con el significado de «delincuente, especialmente el joven» que corresponde al que le damos en Venezuela.
307. Los personajes de cuyos testimonios me serviré a lo largo de este artículo, excepto los últimos, Yovani y Jean Carlos, como notará el lector en su momento, forman parte con sus historias-de-vida de la referida investigación ampliamente expuesta bajo el título «Y salimos a matar gente» (2007) publicada por la Universidad del Zulia.
308. Véase Moreno y otros, 2007, pp. 275 y ss.
309. Ídem, pp. 566 y ss.
310. Ídem, pág. 559.
311. Ídem, pp. 559 y ss.
312. Ídem, pp. 570 y ss.
313. Ídem, pág. 265.
314. Ídem, pp. 761 y ss.
315. Este artículo ha sido elaborado en el marco del Observatorio Venezolano de Violencia, desarrollado por el Laboratorio de Ciencias Sociales, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente y la Universidad Católica del Táchira.
316. Véase Cardona y otros, 2005, pág. 840.
317. Véanse CICPC, 2006; Centro para la Paz, UCV, 2006.
318. Grupo Violencia social-UDO-Bolívar. E-mail: franciscorodriguez50@cantv.net
319. Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, DC, 2002.
320. Fuente: Anuarios de Epidemiología y Estadísticas vitales. Varios años. Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS).
321. Ídem.
322. Briceño-León, Roberto: Global view on violence and health en ABRASCO: Asociación brasilera de Postgrado en Salud Colectiva, volumen 11, número 2, abril-junio 2006, pág. 316.
323. Véase Rodríguez, Francisco, «Violencia social: ¿Estilo de vida o estrategias de sobrevivencia?» Caracas, 2005, pp. 87-96.
324. Iniciativa del Centro de Investigaciones Sociales del grupo social CESAP-Nº17-agosto-septiembre, 2006, Caracas.
325. Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
326. Director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC).
327. Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Derechos Civiles.
328. Small Arms Survey 2007. «La ciudad y las armas». Un proyecto del Instituto de Estudios Internacionales. Ginebra. En http://www.smallarmssurvey.org/
329. Anuarios de Mortalidad 2006. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Venezuela.
330. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Reporte Anual. Venezuela.
331. Armas bajo control, Pág. Web: www.controlarms.org
332. El Universal. «Al menos 576 personas han muerto por balas 9 milímetros». 6 de octubre 2008. Sucesos 3-19.
333. El Nacional. «Desmantelaron fábrica de balas». 07.10.08. Ciudadanos, pág. 13.
334. Fuente: Anuarios de Mortalidad MSDS en José Luis Farías, La Muerte en Tiempos de Chávez (2006). Edit. CEC.
335. Cifras Oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
336. Ultimas Noticias. «Darfa se llevó 149 armas de Polisucre». 14.10.08. Pág. 38.
337. Versión Final: «Venezuela supera a Colombia en asesinatos a tiros» Por Oswaldo Torres el 8 de Febrero, 2008 en Edición 88, Seguridad en http://www.versionfinal.com.ve/wp/2008/02/08/venezuela-supera-a-colombia-en-asesinatos-a-tiros/
338. Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO). Encuesta Nacional «Violencia Interpersonal y Percepción Ciudadana de la Situación de Seguridad». Resultados Finales. 2006.
339. Socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad realiza estudios de doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Florida.
340. Rotker menciona algunos autores latinoamericanos que desarrollan la violencia social en sus producciones literarias: Fernando Vallejo, Laura Restrepo, Alonso Salazar, Rubem Fonseca, entre otros. En cuanto a la producción literaria en Venezuela, menciona La ley de la calle. Testimonios de jóvenes protagonistas de la violencia en Caracas de José Roberto Duque y Boris Muñoz y, Pin Pan Pum de Carlos Rebolledo. Habría que añadir a esa lista la producción literaria de Israel Centeno particularmente Calletania y El complot, y Viste de verde nuestra sombra de Ricardo Azuaje. Una lectura detallada de la producción de José Balza permitiría su inclusión en esta lista.
341. En The Production of Space, traducido por Donald Nicholson-Smith, el autor se refiere a «representations of space» y «representational spaces». Jones en su artículo «The Latin Amercian City as Contested Space: A Manifiesto» se refiere a los mismos conceptos como «the space of representation» and the «representation of spaces». En este trabajo usaré la terminología utilizada por Jones.
342. En ellas funcionan diversas oficinas gubernamentales y ministerios.
343. Este trabajo se encuentra enmarcado en la línea de investigación Sistemas Penales, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, y fue publicado en la Revista de Ciencias Políticas Politeia, 2008, volumen 31, número 40.
344. Universidad Central de Venezuela. E-mail: nunezg.ucv@gmail.com – perezneelie@yahoo.es
345. Siguiendo a Virtuoso, se entiende por barrio aquel «territorio autoconstruido por sus pobladores, sin propiedad legalizada del suelo, servicios públicos básicos precarios, fuera del ordenamiento formal establecido y marginalmente vinculados a la trama urbana. Desde el punto de vista de su condición socioeconómica, las familias están en situación de pobreza relativa y extrema» (2006:292).
346. Para el año 2006 se registró una tasa de 105 homicidios pcmh, cometidos principalmente en las zonas urbanas más deprimidas económicamente, donde las principales víctimas y victimarios son los más jóvenes. Para un estudio más detallado sobre estos aspectos, véanse los trabajos de Sanjuán (2004, 2005), Briceño-León (2002), entre otros
347. De acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción Policial realizada por la Comisión para la Reforma Policial y el Instituto Nacional de Estadística en el año 2006, un 76,7% de los delitos fue cometido haciendo uso de un arma de fuego, aunque -como señala el informe de la encuesta- existen variaciones para los delitos desagregados. Según los resultados obtenidos, los homicidios son cometidos en un 99% de los casos con armas de fuego, los robos en un 79% y la privación de libertad en un 78%. Estas cifras evidencian la incidencia directa que tienen las armas de fuego en delitos contra la vida, integridad personal y patrimonio, por cuanto su uso eleva el nivel de violencia letal en algunos tipos delictivos. (CONAREPOL/INE, 2006)
348. Según los resultados de la más reciente encuesta de victimización realizada a nivel nacional, los funcionarios policiales o guardias nacionales representan casi una octava parte de los autores de los diversos delitos, y una proporción considerable en los delitos de corrupción, privación de la libertad y extorsión. (CONAREPOL/INE, 2006)
349. Véanse Barbagli y Gatti, 2005; Wells, Schafer, Varano y Bynum, 2006.
350. En este sentido, la CRBV en su artículo 62 establece: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos… La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
351. Véanse Renaud, 2002; Salamanca, 2002; Monroy, 2005.
352. Véase Echenique, Torres y Zorrilla, 2003.
353. Véase Cunill, 1999.
354. Véase Gabaldón, 2007.
355. Véase Aniyar, 2003, pág. 90.
356. Véase Scotto, 2003, pág. 84.
357. Véase D´Elia, 2006.
358. Véanse Chinchilla, 2005; Knepper, 2007.
359. Véase Colmenares, 2002.
360. Véase Dammert, 2003, pág. 126.
361. Véase Bonilla-Molina y El Troudi, 2004, pág. 30.
362. Véase Policía Metropolitana, 1982, pág. 102.
363. Véanse Aniyar, 2005; Dantzker, 1997.
364. ABN, 16 de abril de 2005.
365.